Una vez más lo hemos demostrado: descargarse archivos con copyright desde las redes p2p es legal mientras no haya animo de lucro. El Ministerio de Cultura del PSOE, sin embargo, aliado con los lobbies de la industria cultural (encabezada por la SGAE y ahora representados bajo la llamada “Comisión antipiratería”) ha abierto un proceso de control y regulación de la red sin precedentes. Este plan para terminar con el derecho de acceso a la cultura viene acompañado de una millonaria campaña de propaganda pagada por todos nosotros y en la que se vierten falsedades como la que hemos desmentido hoy: que descargarse archivos sin animo de lucro de las redes p2p es ilegal. No lo es. Hace 10 días enviamos un burofax certificado al Jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil avisando de la descarga pública. No nos han detenido, los jueces y policías españoles se han pronunciado previamente afirmando que NO es delito.
Compartir es bueno. Las p2p liberan la cultura que la industria secuestra.
Compartir además es legítimo y es bueno para la creatividad, la innovación y la cultura. Hoy hemos descargado obras que estarían en el olvido si no fuera por las redes p2p. Obras que no pueden comprarse en nuestro país porque las empresas que “poseen” los derechos de estas obras consideran que no son rentables económicamente y que por lo tanto deben desaparecer. Las actuales leyes del copyright nos impiden acceder a una obra cultural hasta 70 años tras la muerte del autor, por lo que nos podemos encontrar con obras secuestradas durante más de un siglo por un interés comercial.
Privatización de la cultura y campañas contra los ciudadanos pagadas con nuestros impuestos
Nos encontramos en una situación en la que los distintos gobiernos, independientemente del partido que los gobierne, intentan privatizar todo lo que debería estar disponible para cualquier ciudadano: el agua, la sanidad, la educación y, desde el Ministerio de César Antonio Molina, la cultura. Nos quieren imponer un modelo de negocio caduco que ha enriquecido a los intermediarios de la cultura durante todos estos años pasados, por encima de los derechos básicos de acceso a la cultura que nos deberían reconocer como ciudadanos. Cuando aparece una tecnología que nos permite acceder a la verdadera biblioteca pública y universal, nos encontramos ante una campaña de acoso para impedirlo y que, además, es financiada con los fondos que deberían usarse para garantizar este derecho. Una campaña en la que el propio Ministerio nos miente mientras su portavoz en el congreso presenta un proyecto de ley para intentar criminalizarnos. No vamos a permitir que el lobby de las distribuidoras y las entidades de gestión decidan los derechos de los ciudadanos y pedimos al gobierno del PSOE que no lo permita.
La cultura libre crea empleo, lo que el Ministro ignora
El argumento favorito de los lobbies de la industria cultural del papel y el vinilo, insiste en las pérdidas de puestos de trabajo que la cultura libre podría generar. La realidad es muy diferente. Actualmente están catalogadas más de 150 millones de páginas web como copyleft, los periodicos adn, 20minutos o público usan estas licencias, hay más de 50 millones de fotografías libres solo en flickr.com, la Wikipedia contiene más de 2,5 millones de artículos y crear una distribución como Debian desde cero, se calculó hace 4 años que tendría un coste de 8000 millones de dolares. ¿Donde están las ayudas para estos artistas? ¿Acaso sólo los lobbies deben enriquecerse de nuestros impuestos?
El PSOE debe elegir entre la idea de los lobbies para privatizar la cultura a toda costa y con ello reactivar el modelo de especulación económica en el sector de la cultura y el conocimiento, u optar por dejar de ignorar el futuro y dejar de impedir que se generen miles de puestos de trabajo en la nueva economía digital.
Canon y transparencia de la SGAE
La última reforma protagonizada por el gobierno, el canon, un impuesto indiscriminado y abusivo contra los usuarios de soportes digitales no les ha dejado contentos. Desconocemos quien recibe nuestro dinero y para que lo utiliza. Por eso exigimos al gobierno una auditoría a los beneficiarios del canon, a la SGAE y el resto de las entidades de gestión, a sus empresas fantasma y sobre las primas de sus altos cargos. No tiene sentido, que en caso de necesitar una entidad que gestione el dinero de todos los usuarios, corresponda a una entidad privada y opaca. De mantenerse el canon debe gestionarse con transparencia a través de un organismo público y con auditorías e informes realizados por entidades independientes.
Retirada de la campaña y disculpa pública
Por estas razones pedimos la retirada de la campaña del Ministerio “Si eres legal, eres legal”, así como una disculpa pública por parte del ministerio por intentar manipular a los ciudadanos con una campaña pagada por todos y, que hoy, se ha demostrado que no es cierta.
Posible reforma de ley
Tras esta demostración pública de sus mentiras conocemos cuál será su siguiente paso: una reforma de ley que nos impida repetir esta acción, que nos prohíba lo que nos es legitimo por derecho, la libertad de información y la difusión de la cultura. El Ministro de Cultura Cesar Antonio Molina ya se ha pronunciado anunciando medidas que ha calificado literalmente de “antipopulares” (es decir, que va dirigida contra la población, a diferencia de las medidas impopulares, que pueden ser buenas o malas a pesar de no gozar de la simpatía de la población 1). Aunque sabemos que cualquier reforma legal se traducirá en un desarrollo tecnológico que impida su aplicación real, esa no es razón para permitir que sean los lobbies de la industria y la SGAE quienes decidan las leyes que nos gobiernan. Esta campaña buscaba demostrar sus mentiras, a partir de este momento hay que demostrarles que ahora la red actúa.
Libera la cultura, okupa la red.
Isaac Hacksimov y Teresa Malina,
